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Cuando un aborto accidental te lleva a una cárcel mexicana

Carlos
Carabaña, El Español, 29 abril, 2018

México
registra más de 500 investigaciones policiales a mujeres que han abortado de
forma fortuita. Las mujeres que acaban condenadas se enfrentan a amenazas e
insultos en la cárcel. 
Concentración
de una manifestación por el derecho al aborto en México Reuters

Era 2008
y la mexicana Miriam llevaba siete meses de embarazo. A sus 25 años, ella
asegura que no lo sabía, que tuvo la menstruación de forma regular. Un día,
sola en su casa familiar de Acapulco, se subió a un banquito para tratar de
alcanzar un libro. Se cayó, se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y tuvo
un aborto accidental, con desprendimiento de placenta. Cuando llegaron sus
parientes y pareja, la llevaron al Hospital General de Acapulco, junto con el
pequeño ser muerto. El médico examinó a ambos y vio que el producto tenía
varias heridas cortantes en el pecho, aunque la autopsia determinó que la causa
de la muerte fue un golpe en la cabeza y hemorragia.

Siguiendo
el protocolo, llamó a las autoridades competentes y Miriam acabó acusada de
homicidio doloso en grado de parentesco con el agravante de ser la víctima
menor de edad. Estuvo cuatro años de prisión provisional, la condenaron a 20
años y, por irregularidades, hubo que repetir el juicio hasta que en 2016 quedó
libre por falta de pruebas. Casi una década de su vida, en la que tuvo que
dejar sus estudios y a un hijo de dos años que tenía y durante la que dio a luz
a otro niño dentro del penal. “No me van a devolver el tiempo que yo
desperdicié”, dijo cuando salió libre.
“Los
casos de denuncia son comunes en caso de abortos espontáneos y fortuitos y el
problema que hemos visto es que no se consideran abortos, que en general tienen
penas bajas, sino que jueces y agentes fiscales los califican como homicidios
dolosos, voluntarios”, explica Romeo Utrilla, abogado, con una maestría en
Ciencias Penales y coordinador del área jurídica de AsiLegal, la asociación que
se encargó pro bono de la defensa de Miriam, “es decir, las mujeres tuvieron
conocimiento y voluntad de causar la muerte, por eso la pena, al calificarlos
como dolosos, es altísima”.
Para los
activistas y defensores de derechos humanos, hay una tendencia al alza en este
tipo de juicios que se inicia el 26 de abril de 2007, la fecha en que Ciudad de
México publicó en su boletín oficial las reformas que la convirtieron en la
primera y única entidad federativa de las 32 en despenalizar el aborto dentro
de las primeras 12 semanas de gestación sin importar los motivos. Frente a esta
legislación, 17 Estados-Veracruz, Nuevo León,Tamaulipas, Queréretaro,
Michoacán…- decidieron reformar sus códigos para establecer el derecho a la
vida desde la concepción y reforzar la idea del aborto como delito. De acuerdo
a los datos
del Observatorio Nacional Ciudadano, solo la violación es una causa que
autoriza un aborto en todo el país. Ppor riesgo para la madre es permitido en
24, por malformación genética en 16 y por razones socioeconómicas en
tres. 
Hasta 500
euros por abortar
Se da
entonces una desigualdad similar a la que ocurría en España con Londres antes
de que llegase la ley de supuestos de 1985. ¿Tienes dinero? Viajas a Ciudad de
México. Un aborto quirúrgico cuesta, según la clínica, entre 2.500 y 10.000
pesos- de 125 euros a 500 euros. Las pastillas van de 500 a 3.000, de 25 a 150
euros. Frente a las más de 40 clínicas privadas, hay una decena de clínicas públicas
donde se realiza este proceso de forma gratuita, aunque con un cupo limitado,
solo entre semana y hay que sumar los costes que supone el traslado y el
alojamiento en un país donde el 80% de los hogares ingresan menos de 18.000
pesos, unos 900 euros, al mes.
Al margen
de los casos como el de Miriam, en el que el aborto accidental fue considerado
por las autoridades un delito bastante más grave como es el homicidio, en todo
México hay unas 40 investigaciones policiales por aborto al mes, más de 500 al
año. La pena en caso de ser encontrada culpable depende del Estado. En seis, de
hecho, va de cuatro meses a dos años de prisión en caso de que la mujer “no
tenga mala fama”. Si no se eleva hasta cinco. Estado de México legisla lo
siguiente: “A la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o
consintiere en que otro se la diere, se le impondrán de uno a tres años de
prisión. Si lo hiciere para ocultar su deshonra, se impondrá de seis meses a
dos años de prisión”.
Utrilla
razona que esto responde a una criminalización de las mujeres debido a que no
cumplen o fallan en su rol de madres. “La mayoría de los casos de mujeres
criminalizadas por aborto se han dado en Estados conservadores, como
Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Chiapas…”,
explica, “y aunque no sabría decir si tiene que ver o no con la cuestión
religiosa, si está encuadrado en una visión de esas mujeres como malas madres y
desgraciadas que tienen que ir al infierno por haber matado a sus hijos”.
En el
caso de Miriam, ella misma ha contado que durante su estancia en la cárcel fue
insultada por el personal y amenazada por “matar a su propio hijo”. Durante el
juicio de Dafne McPherson, el último caso mediático y de características
similares al de Miriam pero en Querétaro, el fiscal dijo: “Ni un perro hace
eso, ni una perra. Que ve que su hijo nació y va a procurarle la muerte. Es por
instinto”. Acabó condenada a 16 años y, tras recurrir, deberá repetirse el
proceso pero con el mismo juez.
Aunque no
existe registro oficial, organizaciones de activistas y abogados como Las
Libres o Grupo de Acción estiman que hay entre 600 y 800 mujeres en situaciones
similares. Suelen ser mujeres en contextos complicados, de escasos recursos y
cuya asistencia legal en los primeros pasos ha sido, como poco, deficiente. Más
Miriams, más Dafnes, más ejemplos que no llegan a los medios de comunicación.