El presidente filipino Duterte quiere que matar a niños “criminales” sea legal
1 Marzo 2017
La brutal “guerra contra las drogas” ha dejado más de mil muertos al mes desde la llegada al poder de Rodrigo Duterte. Ahora, una nueva ley reducirá la edad criminal de los 15 a los 9 años
El panorama que pintan las organizaciones de derechos humanos es muy sombrío: decenas de muertos diarios, ejecutados por la policía o por asesinos a sueldo de las autoridades. Agentes matando a sangre fría a sospechosos que ya se han rendido, y robando en las casas de las víctimas. Una economía informal alrededor de esos asesinatos. Y por encima de todo ello, un presidente animando a que suceda. A matar a camellos y yonquis. Bienvenidos a las Filipinas de Rodrigo Duterte.
Según un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de enero, existen poderosos incentivos económicos para que los agentes ejecuten a los presuntos traficantes de drogas, y ninguno para que los arresten. “La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. […] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos [644 dólares]. […] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. […] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada”, señala un oficial con una década de experiencia, en el citado informe. El resultado ha sido el que cabría esperar: de acuerdo con datos de la propia policía, más de 7.000 personas han muerto desde julio en la “guerra contra las drogas” lanzada por Duterte tras ganar las elecciones. Más de mil personas al mes.
Las víctimas suelen proceder de entornos desfavorecidos en los que el menudeo con droga suele ser la única forma de impulsar las economías familiares, o donde abundan las adicciones y el consumo de estupefacientes. “Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. “Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido victimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía”.
